La niña palideció cuando sonó el primer disparo. La ráfaga que vino después los tomó por sorpresa. Mailin abrazó a sus dos hijos y se arrojó al suelo: “No se levanten”, les susurró. El  tiroteo duró al menos quince minutos; una eternidad llena de balas en todas direcciones. Se trataba de otra de las rencillas entre bandas en la zona 10 de José Félix Ribas, al este caraqueño.

Al terminar todo, hubo silencio.

Las crisis de nervios de Mailin González eran  algo nuevo en sus 30 años de vida. Ella las recuerda con nitidez, rememora el sudor frío surcando sus cejas, el dolor en su nuca y la sensación de que su alrededor empezaba a girar y difuminarse en colores opacos.

Septiembre de 2020, marcado en el calendario. El registro de contagios totales de COVID-19 en el país era de 47.756 personas. La madre y los niños se habían encerrado desde hacía cinco meses, escondiéndose de la pandemia, que llegó a Venezuela en marzo del mismo año. Los hermanos no salían a jugar desde entonces y Mailin creía que las paredes se hacían cada vez más estrechas

En el colegio de su hijo menor ofrecían terapia psicológica para niños y padres que se sintieran agobiados por el covid y la inseguridad. Pero Mailin se preguntó qué utilidad tendría un psicólogo para ellos. Oiría sus penas, probablemente ella hablaría de lo sola y desconcertada que se sentía. Un año más tarde lamentaría la decisión de no acudir.

Había rumores de que los vecinos estaban muriendo, y no solo por balas perdidas. Mailin tomó la decisión de irse.  En mayo, Mailin hizo maletas y viajó con sus niños hasta Santa Lucía, en los Valles del Tuy, cerca de la cordillera de la Costa. Recorrieron 60 kilómetros desde Caracas, la capital de Venezuela, hasta la pequeña y endeble casita del abuelo Omar, en el estado Miranda.

Para entonces, su hijo ya había comenzado a ir a terapia del lenguaje, por recomendación de las maestras del colegio Jesús Maestro de la red de Fe y Alegría. Podía formular algunas palabras claras. A Mailin le preocupaba alejarlo de los especialistas, pero en Santa Lucía se respiraba paz. Su hija estaba más tranquila porque no se escuchaban balas. Los vecinos estaban separados por varias franjas de tierra, donde cada quien plantaba verduras y las gallinas pululaban.

Mayo de 2021. El año escolar estaba en curso de forma remota. Desde marzo de 2020, por orden gubernamental, 27.000 planteles cerraron sus puertas en Venezuela y por lo menos 10 millones de estudiantes se quedaron en sus hogares. Las sesiones debían desarrollarse a través de las pantallas de cualquier dispositivo a la mano, celular o computadora.

Antes de irse, Mailin le escribió a Marisol, la maestra del grupo de preescolar de primer nivel en el que estudiaba su hijo menor. Le avisó que estaría fuera de la ciudad por tres meses y que intentaría enviar todos los deberes de su hijo a tiempo, aunque tuviese que subirse al techo de la casa de su suegro para encontrar cobertura telefónica.

Pero no fue necesario: el único lugar en la cabaña de Santa Lucía del Tuy dónde la señal llegaba débilmente era el gallinero. El día en que la maestra Marisol llamó a Mailin para avisarle que en junio iba a evaluar el progreso de su hijo, Gonzalez se preocupó. El niño apenas estaba comenzando a hablar claro y hubo que traerlo de un riachuelo cercano hasta el lugar lleno de aves que correteaban. Cuando se acomodó frente al teléfono, el examen  empezó.